Una propuesta del Poder Judicial busca reformar el sistema de ejecución de penas, incluyendo el establecimiento de audiencias y el control más estricto sobre la liberación de sentenciados. Se busca corregir vacíos históricos en la legislación actual, donde la desinstitucionalización de presos ha carecido de regulación adecuada. Esta reforma es parte de un esfuerzo más amplio para combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad pública en el país.
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